Por Miguel A Espino Perigault
Desde los primeros momentos del gobierno de Ricardo Martinelli, los medios de comunicación han recogido el supuesto malestar y, en realidad, el temor, alentado por algunos, de que resurja y se entronice una dictadura militar, de la manos del presidente y, sobre todo, de su enérgico ministro de seguridad, (probado civilista), Raúl Mulino.
Cada quien tiene derecho a sus recuerdos y a sus miedos. Pero, algunos de los que hoy se yerguen como paladines de la civilidad amenazada no movieron, entonces, ni una paja a favor la Cruzada Civilista contra la dictadura. Hoy día, en cambio, alientan estos miedos por razones personales y de oportunismo político.
Pretenden, al parecer, reducir el papel de la policía a amables custodios de maleantes y a simples espectadores pasivos y tiro al blanco de turbas enardecidas, con dirigentes enmascarados, que cierran calles ilegalmente, destruyen bienes ajenos y agraden a inocentes.
Con la autoridad moral de un cruzado civilista y víctima de agresiones de entonces, abogo por apoyar al gobierno en la instrumentación de las fuerzas de policías especializadas necesarias para enfrentarse y combatir con éxito a la creciente delincuencia en todas sus manifestaciones.
Es posible, como se da en otros países, contar entre nosotros con el trabajo profesional eficaz y efectivo de las fuerzas del orden necesarias. Es probable, también, que en ellas se de la corrupción, como puede darse en todos los estamentos de la sociedad.
Pero, creo que podremos apostar a la integridad moral de sus integrantes, porque no todo está podrido en el país.
Haciendo a un lado los temores, aboguemos por una fuerza pública organizada y con la formación profesional y moral (sobre todo), la mística y el patriotismo; valores, todos, que suelen cultivarse y honrarse en las profesiones y las artes marciales; valores que suelen ser el mejor escudo contra corrupción.
El alto nivel de delincuencia y sus ramificaciones colocan estos problemas en posición de urgente y prioritaria atención de todos los ciudadanos, para respaldar la labor de las fuerzas de policía. Debe actuarse ya y detener la creciente espiral de crímenes de toda clase: los tráficos de personas, de armas, de drogas, de pornografía; la prostitución clandestina de hombres y mujeres, de menores de edad; las pandillas, los asaltos y demás modalidades del crimen.
Pero, también, el delito de cuello blanco, el lavado de dinero; la corrupción y los delitos de funcionarios, los de empresarios y los la de organizaciones de la llamada sociedad civil, en todos los niveles.
Los integrantes de la fuerza pública no deben verse así mismos ni ser vistos como enemigos, sino como los amigos que son de la sociedad.
Tan importante labor, llena de peligros, merece ser bien remunerada.
El miembro de la fuerza publica, reclutado de entre la juventud graduada de la secundaria, por lo menos, debe completar su formación en las disciplinas y artes adecuadas a sus tareas y disponer, sobre todo, de atención espiritual. Debe contar, además, con otros incentivos, como becas para sus hijos de buenas calificaciones, recreación familiar; servicios médicos, seguros de vida generosos, con beneficios especiales en casos de lesiones, o para sus deudos, en casos de muerte y una justa jubilación. La empresa privada sabría diseñar beneficios especiales que, seguramente tendrían más valor moral, como agradecimiento que como pago de servicios.
En las dictaduras militares o civiles, la policía se convierte en instrumento de temor y de terror; en enemiga de la sociedad. En una democracia, bajo el estado de derecho, la policía es instrumento de paz y salvaguardia de los derechos de todos. Una diferencia importante, para perder el miedo.
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